Gobierno de Costa Rica alerta sobre el descontrol en Crucitas y exige acción legislativa para frenar la minería ilegal
El Gobierno de Costa Rica, liderado por la presidenta Laura Fernández, ha declarado que la situación en Crucitas es alarmante. Tras una visita a la zona, hizo un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para que apruebe un proyecto de ley que regule la minería y restablezca el orden. La presidenta destacó que la minería ilegal en la zona no es artesanal, sino que está impulsada por estructuras criminales que emplean sustancias peligrosas, dañando el medio ambiente y poniendo en riesgo a comunidad y fuerzas de seguridad. A pesar de la inversión significativa en seguridad, los recursos son insuficientes.
La discusión legislativa sobre este problema ha estado estancada desde noviembre de 2024. Fernández instó a los legisladores a actuar y a priorizar la aprobación de leyes que beneficien a las comunidades afectadas. Durante la visita, se entregaron vehículos decomisados al crimen organizado para fortalecer las labores policiales. La presidenta subrayó que la minería ilegal es un delito ambiental y abogó por su consideración como crimen organizado.
La solución, según Fernández, no está en nuevos proyectos, sino en mejorar el presentado en 2024. Hizo hincapié en la urgencia de decisiones para no perder la confianza de la ciudadanía. El Gobierno reafirma que el oro extraído ilegalmente pertenece a todos los costarricenses y que la minería regulada es esencial para invertir en el desarrollo del país.
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